En audiencia, Comisión manifestó preocupación con el contexto brasileño. Grupos solicitaron una visita oficial de los relatores de la ONU y OEA para la Libertad de Expresión y para los Derechos de las Mujeres

En este viernes, 6 de marzo, órganos de la sociedad civil brasileña denunciaron el gobierno Bolsonaro en la 175ª audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), por sistemáticas violaciones a la libertad de expresión en el país, además de ataques a la prensa, censura a las libertades artísticas y culturales, restricción de los espacios de participación social y acceso a la información pública en el país. El gobierno brasileño, a su vez, ha negado las acusaciones sin presentar alternativas ni respuestas concretas para las denuncias. 

Fueron presentados casos emblemáticos de criminalización de la labor periodística, como el del periodista Glenn Greenwald, de The Intercept Brasil, que ganó repercusión internacional. También se presentó el caso de Patrícia Campos Mello, periodista de Folha de São Paulo, que sufrió amenazas de muerte, difamación y otros tipos de ataques en las redes sociales. Recientemente otra periodista, Vera Magalhães, se convirtió en uno de los focos de los ataques del presidente y de su familia. Es válido señalar que los ataques a las periodistas citadas se han agravado con el carácter machista de las publicaciones y comentarios. 

Para Margarette May Macaulay, abogada jamaicana especializada en la defensa de las mujeres y comisionada de la CIDH, existe un descompaso entre el que está previsto en la Constitución brasileña y la práctica del gobierno vigente. “Como mujer me da mucha preocupación el hecho de que el presidente de la República esté incurriendo en ataques y colocaciones agresivas y ofensivas contra periodistas mujeres. Esto es una contradicción absurda entre los derechos constitucionales, aún más considerando que es un líder del Estado. Cuando el presidente dice cosas como estas, es como si ofreciera una licencia para que todos traten las mujeres de manera inadecuada. Es muy preocupante lo que está pasando”.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, pidió explicaciones sobre la retórica anti prensa que ha sido adoptada por las autoridades públicas. Lanza también cuestionó el argumento del gobierno de que hay un programa de protección de los defensores de derechos humanos que contemplaría también la categoría de los periodistas. “Ninguna política de protección a los derechos de expresión puede ser consolidada sin que haya una política de prevención. Y prevenir los ataques a la libertad de expresión incluye promover y valorar la labor periodística. Lo que hace el gobierno Bolsonaro es utilizar una retórica anti-prensa. No existe política efectiva si se difunde de manera sistemática que todo lo que hace la prensa son fake news y mentiras”, afirmó el relator. 

Lanza aún indagó al gobierno sobre los constreñimientos y amenazas hechas en contra de periodistas. “Es evidente que hay una política de acoso que se ha convertido viral, masiva y pública. Yo mismo me he convertido en blanco, en mi Twitter, de ataques por parte de personas brasileñas que me amenazaron. Es una epidemia de ataques virales y en línea. ¿Qué está haciendo el gobierno para combatirla”

“No aceptamos una audiencia sin tener propósitos. Aceptamos estar acá pues expresamos preocupación con la situación en Brasil”, afirmó Joel Hernández Garcia, vicepresidente de la Comisión Jurídica Interamericana y relator especial del caso brasileño. Garcia asumirá a la presidencia de la CIDH para el próximo periodo. “No hay dudas de que Brasil, tanto la sociedad como el Estado, valora a la libertad de prensa. Pero estamos viviendo un momento inusual. Desafortunadamente la dinámica de la comunicación con las nuevas herramientas tecnológicas ha sido utilizada para estigmatizar grupos sociales y atacar el derecho a la comunicación y información. En realidad, no es algo que pasa solamente en Brasil, pero se trata de una política de estigmatizar, sobre todo, a los comunicadores”. 

Renata Mielli, coordinadora general del Fórum Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) y secretaria general del Centro de Estudios de los Medios Alternativos Barão de Itararé, señaló que la violencia en contra de los comunicadores en Brasil no es algo nuevo. El país ocupa la 105ª posición entre los 180 países en el Ranking Mundial de la Liberta de Prensa de Reporteros sin Fronteras, en una situación que se agravó en los últimos años. La organización Artigo 19 destacó en su Informe Global sobre libertad de expresión, divulgado en diciembre de 2019, que Brasil ha registrado una gran caída de sus indicadores de libertad en los tres años anteriores. “Lo que ha motivado nuestras organizaciones a buscar la Comisión fue exactamente la cristalización y agravamiento del escenario de violaciones de la libertad de expresión, principalmente a partir de 2019. Lo que antes eran violaciones difusas, se convirtieron en un cuadro institucional de ataques a la libertad de expresión”, afirmó en la apertura de la sesión.

La censura a las libertades artística y cultural también fue denunciada ante la Comisión. Olívia Bandeira, del Colectivo Intervozes, afirmó que el gobierno federal y sus aliados adoptaron el discurso – y la práctica – de combatir un inexistente enemigo de la nación, el llamado “marxismo cultural”. “Es una guerra que tiene como objetivo eliminar a los artistas y obras que manifiesten posiciones distintas de las mantenidas por el gobierno o que simplemente promuevan la diversidad cultural. Ya son más de 40 casos de violación a la libertad de expresión artística y cultural en 2019 y 2020. De los cuales 18 son de responsabilidad de órganos o autoridades vinculados a la administración federal, y 22 en el ámbito estadual o municipal, lo que muestra como la práctica del gobierno federal estimula y autoriza violaciones en varios niveles institucionales”.

Con este escenario, las organizaciones peticionarias de la audiencia solicitaron que el tema de la libertad de expresión en Brasil sea tratado como prioridad en la CIDH, destacando la importancia de que la Comisión divulgue comunicados para los casos más graves, recorriendo a medidas preventivas cuando sea necesario. También fue solicitada una visita oficial conjunta del Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH/OEA, el Relator de la Libertad de Expresión de la ONU, juntamente con el comisionado para el Brasil y la Relatora para los Derechos de las Mujeres.

Casos

Helena Bertho, de la Revista AzMina, presentó su caso a los relatores. La ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, utilizó a las redes sociales para descualificar el trabajo periodístico de la revista después que un reportaje con informaciones sobre el aborto seguro, cuya fuente era la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue publicado. La ministra amenazó con accionar el sistema de justicia contra el medio. “Nosotros estamos viviendo con miedo de los rumbos que esta investigación puede tomar. No porque cometimos algún crimen, porque sabemos que apenas reproducimos informaciones de uno de los órganos más respetados del mundo en materia de salud. Pero el simple hecho de que un Ministerio del gobierno federal haya tenido el trabajo de hacer esa denuncia, cuando cualquier abogado pueda identificar que no existe crimen en nuestra labor, nos espanta”.

El productor audiovisual Émerson Maranhão también presentó denuncia acerca de la persecución artística de la cual ha sido víctima. Él también destacó que desde el princípio del gobierno Bolsonaro “se acumulan relatos de espectáculos y exposiciones cancelados en centros culturales públicos, así como palestras y eventos académicos que también fueron prohibidos. Financiamientos a importantes festivales de cine y de teatro fueron suspendidos, inviabilizando su existencia”.

Al hablar acerca del caso, Lanza destacó que el Estado y el Poder Público no pueden interferir en convocatorias públicas. “Las denuncias hechas en el campo de la cultura muestran que son necesarias políticas para asegurar la neutralidad del gobierno con relación a los procesos. No vamos decir cual idea debe predominar en una determinada sociedad, pero el gobierno debe tener criterios objetivos tanto para las convocatorias culturales como para la distribución de la publicidad oficial para los medios de comunicación”, señaló.

Sin respuestas

Los representantes del gobierno presentes en la audiencia se limitaron a repetir las garantías constitucionales y el aparato legal de protección a los derechos humanos que existe en el país. Contradictoriamente, estos mismos marcos legales no están siendo respetados por el Estado brasileño. “En Brasil no existe censura. El gobierno, a través del presidente, expresa divergencia con sectores de la prensa, lo que es parte de juego democrático. Reafirmamos nuestro compromiso con la más amplia libertad de expresión de la sociedad brasileña y de la prensa. Todos los días la prensa hace las críticas y los ataques que le parecen convenientes y no existe ninguna iniciativa de censura desde nuestra parte”, contestó Alexandre Magno, secretario-adjunto de Políticas Globales del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos.

Parte de la denuncia también hacía referencia a la destrucción de la comunicación pública y q las sucesivas prácticas de censura a los periodistas de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), como el caso de la restricción al uso de la palabra “dictadura” y de las imágenes de la concejal Marielle Franco, asesinada en 2018. Para el consultor jurídico de EBC, Francisco Lima, no existe austeridad financiera ni censura en la producción periodística. “Lo que existe es respeto. No utilizamos determinados términos para no confundir o generar entendimientos duplos, proselitismos son prohibidos. El uso de términos genera confusión en el público en lugar de promover la comprensión correcta”, afirmó.

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Violencia contra la población negra

En un contexto de autoritarismo y amenazas a las instituciones democráticas brasileñas, la unión de la sociedad civil para la garantía de los derechos humanos en el país es fundamental. Después de la sesión sobre las violaciones a la libertad de expresión, la CIDH escucho de representantes de diferentes organizaciones las denuncias de agresión y violencia policiaca contra la población negra en los estados de Río de Janeiro y São Paulo. Las denuncias más comentadas fueron el caso de Paraisópolis, ocurrido en noviembre del año pasado y que resultó en el asesinato de 9 jóvenes en una acción policiaca, y los homicidios de niños cometidos por fuerzas de seguridad en Río de Janeiro.

La Comisión cuestionó el gobierno sobre la impunidad de las fuerzas policiacas en los casos contra la población negra y exigió medidas efectivas para combatir la discriminación racial.

LA CIDH

La CIDH, órgano independiente y autónomo de la OEA, realiza varias sesiones en el año para discutir temas como este en toda la región. La Comisión tiene la tarea de observar y promover la defensa de los derechos humanos, actuando como órgano consultivo de la OEA en el tema. Cada sesión reúne centenas de defensores y defensoras de los derechos humanos del continente, además de delegaciones de los Estados constituidas por autoridades en materia de derechos humanos, académicos, entre otros.

Matéria publicada originalmente no site da RSF.